Desde hace varios años, la reforma a la ley de cine vigente en
Bolivia ha significado una necesidad, una demanda constante y un
imperativo para la articulación del fomento a la producción audiovisual
en el país. Las propuestas de reforma y anteproyectos de una nueva ley
han derivado en una discusión en el sector audiovisual que, en la
actualidad, participa en la formulación de la nueva ley de cine. El año
pasado, a través de una convocatoria pública, el Consejo Nacional del
Cine Bolivia (Conacine) seleccionó al comunicador social y realizador
audiovisual Nelson Martínez para la realización de una evaluación de la
ley de cine vigente y la formulación de un anteproyecto de ley. Éste ha
sido presentado y socializado a través de diversas actividades,
generando la articulación de nuevas propuestas de anteproyecto de ley.
Una de estas contrapropuestas se construye a partir de los aportes y
demandas de la Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE), Sindicato
de Trabajadores del Cine (SITRACINE), Cámara de Empresarios
Cinematográficos, Fundación Cinemateca Boliviana y Asociación de
Trabajadores de la Imagen de Bolivia (ATIB).
Las propuestas se han discutido en mesas de diálogo organizadas en La
Paz y Santa Cruz las últimas semanas. Con la intención de conocer los
puntos fundamentales de las dos contrapropuestas de anteproyecto de ley,
Cinemas Cine conversó con Nelson Martínez –responsable de la propuesta
de anteproyecto articulada desde el Conacine– y Gioconda Aguilar
–responsable de la propuesta de las asociaciones de cine mencionadas,
anteproyecto que surge en respuesta al planteado por el Conacine.
Mary Carmen Molina (MCM) ¿En qué contexto se promulga la Ley
1302 en 1991 y cómo describe el contexto en que se promulgaría la nueva
ley de cine?
Gioconda Aguilar (GA): La Ley 1302 surge de la
necesidad y exigencia de los propios cineastas, con su decidida
participación, que bajo el lema de “LEY DEL CINE YA!!” logran que se
promulgue en 1991, en un contexto político económico neo liberal, que
considera todo, incluida la cultura y el cine, como mercancías sujetas a
las leyes del mercado.
La necesidad y exigencia de reforma a la ley 1302 o de creación de
una nueva ley del cine también surge de los cineastas y sectores
audiovisuales hace casi 10 años, desarrollando estudios,
investigaciones, y elaborando diversas propuestas. Sin embargo ahora, en
el marco del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, paradójicamente es
el propio director del Conacine, Demetrio Nina, quien en sólo un par de
meses improvisa una propuesta particular, que contradice de plano los
postulados de la CPE, que no tiene concordancia con las leyes vigentes.
Es una propuesta reguladora, controladora, limitadora, coercitiva y
sancionadora que no cumple ni por asomo los objetivos buscados de
“promover, fomentar, desarrollar, impulsar y proteger la actividad
cinematográfica y audiovisual boliviana” Sin embargo, el Conacine está
empeñado en imponerla, rechazando y desconociendo el trabajo
participativo y plural que hemos estado y seguimos desarrollando en el
sector. Es un contrasentido.
Nelson Martínez (NM): La ley de cine del 91 es el
fruto de un proceso largo de gestación que de alguna manera tiene su
epicentro en la Cinemateca Boliviana, donde se organiza el grupo de
cineastas de ese tiempo. Fue una movilización, con mucho carisma, que
logra ser acogida por la ciudadanía. Esta ley buscaba recuperar el
escenario de lo cinematográfico para un cine propio. La frase que
sintetizaba a esta movilización era “tener un cine propio, una imagen
propia”. Son varios años que se busca la ley del cine, y no fue fácil
elaborar la propuesta de ley para su debate en el Congreso Nacional.
Ésta no era una ley del cine cualquiera: no se trataba solamente de
ordenar en el ámbito legislativo qué debía ser la actividad
cinematográfica. Tenía un fin concreto: impulsar la cinematografía
boliviana y para ello el Estado debía otorgar un millón de bolivianos.
Crea un Fondo de Fomento, una institución, que es el Consejo Nacional de
Cine, con una particularidad –que es una victoria del movimiento de
cineastas: que sea una institución donde participe la sociedad civil y
el Estado, con el objeto de marcar una línea de gestión pública con
participación de la sociedad civil.
Ahora, en qué contexto se da esta nueva propuesta de ley de cine.
Éste también viene siendo un proceso largo. Se empieza a pensar en
reformar la ley 1302 el año 2004, en el periodo en el que Patricia
Flores estaba como directora del Conacine. Este nuevo proceso en el que
estoy involucrado desde septiembre de 2011 surge cuando se empieza a
debatir, a través de un grupo en Facebook, sobre el nuevo director del
Conacine y lo que debería hacer esta institución. En este escenario de
socialización donde participan alrededor de 500 cineastas, se ha ido
construyendo un texto, respecto a qué espera el sector del Conacine y el
Estado.
MCM: El corazón de la ley de cine vigente es el Fondo de
Fomento. ¿Cómo su propuesta enfrenta este punto de la ley y cómo se
pretende rearticular este Fomento?
GA: Mediante la implementación de un verdadero
fomento a la cadena productiva cinematográfica (desarrollo, producción,
post producción, distribución, exhibición, conservación y formación de
públicos). Esto, entendiendo “fomento” como el apoyo efectivo a nivel
institucional, financiero y técnico que el Estado brinda a la cadena
cinematográfica, mediante fondos concursables de inversión no
retornable; incentivos a la taquilla, a los premios y distinciones
internacionales obtenidos; mediante préstamos sin intereses; un cuerpo
de leyes que favorezca las co-producciones, la circulación de bienes y
servicios culturales, la distribución, comercialización y difusión de
cine nacional en el mundo; proyectos concursables de rescate,
preservación y restauración de patrimonio fílmico; mediante incentivos a
la instalación de infraestructura técnica y de salas de exhibición en
lugares donde no existen actualmente. Mediante incentivos fiscales a las
personas y empresas que contribuyan al financiamiento de proyectos de
la cadena cinematográfica. También a través de Leyes de excepción en
Aduanas y en Impuestos Nacionales.
NM: El Fondo de Fomento no se ha perdido, sino que
ha cambiado de forma. De ser dinero tangible ha pasado a ser dinero por
cobrar. Según la visión de muchas personas del sector con quienes se ha
debatido en diferentes reuniones alrededor de esta propuesta de ley,
este Fondo de Fomento debe recuperarse: es un dinero que no puede
perderse, y la legislación del Estado, a través de la ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz, establece claramente que las deudas con el Estado no
prescriben. Por ello, es un deber moral de las personas que se
prestaron dinero del Estado para hacer cine, recuperar el capital
entregado. No es solamente un error de quiénes realizaron las obras.
Tiene que ver con un mercado, con un Estado. Con todo el proceso de
cambio que se vive en el país, se hace necesario pensar que la actividad
cinematográfica debe ser fuertemente respaldada por el Estado. Esa es
la esencia de la propuesta. El Estado se ha desentendido de muchos
aspectos en el ámbito cinematográfico, y por ello ahora debe tener un
protagonismo, en la perspectiva de ser el soporte económico para
impulsar la cinematografía boliviana. Pero con otras características, ya
no prestar con intereses porque eso ha sido un suicidio para el cine
boliviano.
MCM: ¿Cómo su propuesta de ley discute la labor que el Conacine tiene en el medio, y cómo se pretende reencauzar a esta institución?
GA: Hasta ahora el Conacine ha sido una entidad que
debido a su débil e insuficiente institucionalidad, no ha cumplido las
funciones encomendadas por la ley, de apoyar, fomentar, desarrollar la
actividad cinematográfica y audiovisual nacional, limitándose a fungir
como una especie de gendarme del sector, encargado de cobrar tasas y
aplicar sanciones. Durante su existencia, esta institución sólo ha
aportado a la inserción de Bolivia en la Plataforma de Co Producción
Iberoamericana del Programa Ibermedia. Unico logro, única gestión
exitosa. Pero para el cineasta, el videasta, el artista audiovisual en
sí, poco o ningún apoyo real ha representado o representa.
Creemos que se puede y debe fortalecer al Conacine mediante la labor
de su Directorio asumida de forma institucionalizada, sistemática y
comprometida con el sector y con el propósito y objetivo principal de la
ley, que es el fomento, fortalecimiento y desarrollo del cine y
audiovisual bolivianos. En este esquema, el Secretario Ejecutivo
desempeñará una función administrativa de implementación, aplicación y
ejecución de las líneas de acción diseñadas por el Directorio, en
concordancia con sus respectivas facultades y atribuciones. Planteamos
que el Directorio se institucionalice siendo integrado por
Representantes calificados y competentes respecto al cine y al
audiovisual, que sean designados institucionalmente para el efecto y
pagados para cumplir su función, asumiendo las responsabilidades y co
responsabilidades administrativas que les correspondan frente al Estado,
en el ejercicio de esas funciones.
NM: A pesar de la historia de subidas y bajadas,
creo que debemos seguir apostando por la coalición entre sociedad civil y
Estado en que se sustenta el Conacine. Nos permite dar equilibrio, y
eso se refleja en la propuesta de consolidar el Consejo Plurinacional de
Cine y Artes Audiovisuales. Sin embargo, están surgiendo nuevas
alternativas. La reunión que se tuvo el 14 de abril en la Cinemateca
Boliviana abrió puertas, y eso significa que en ningún momento esta
propuesta se está imponiendo. Estamos en un proceso de crear una ley
dialogada. Faltaban en esta reunión los grandes cineastas, pero estaban
nuevos realizadores.
MCM: ¿Cuáles son los puntos más importantes de su propuesta en el tema de distribución y exhibición?
GA: La inclusión explícita de la protección y
defensa de los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual para que toda
persona natural o jurídica, nacional o extranjera que reproduzca,
comercialice, distribuya y/o exhiba en territorio boliviano, todo film o
material audiovisual en cualquier soporte y formato, respete la Ley de
Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, y todas las disposiciones o
normativas vigentes. De igual manera, para que toda reproducción
cinematográfica o audiovisual total o parcial de cualquier obra, sea
ésta texto, fotografía, música o material audiovisual, que no cuente con
los respectivos derechos, ni cite a los autores de manera pública
adecuada, sea considerada plagio, y sujeta a las sanciones establecidas
por ley.
NM: Hay que entender dos ámbitos. Por una parte, el
cine internacional, el cine norteamericano, que es uno de los elementos
de la industria que se ha fortalecido en nuestro país; además, se ha
abierto otro flanco, el del cine independiente, que en este proceso de
descolonización es muy importante. Y por otra parte, el cine nacional.
La propuesta plantea que al poner fuerza en cada uno de los eslabones
del proceso de producción, la distribución y exhibición deben ser
enclaves fundamentales. Se debe trabajar estos aspectos con la
Cinemateca Boliviana –en nuestra propuesta, la Cineteca–, se debe
trabajar la comercialización, debe crearse una Comisión Fílmica como
política de Estado, que nos permita acceder a recursos de cinematografía
que venga a filmarse en territorio boliviano. Se planteó también la
creación de una productora en la que se puedan finalizar las obras: en
Bolivia no se puede terminar una obra cinematográfica, por no contar con
la tecnología. Y esto es una inversión fuerte, que no va a venir del
sector privado, sino que tiene que ser una inversión del Estado. Lo
mismo el hecho de la promoción de cine boliviano en el exterior: debe
ser el Estado el que nos ayude a promocionar, a través de las embajadas,
a través de una entidad que se haga cargo y que sea subvencionada por
el Estado.
MCM: En el ámbito de la formación, ¿cuál es su propuesta?
GA: Es un tema muy delicado. En nuestra propuesta de
ley consideramos que la formación debe estar necesariamente bajo el
alero de la Ley de Educación Elizardo Pérez-Avelino Siñani y del
Ministerio de Educación, encargado de su regulación, seguimiento y
certificación. Un elemento que consideramos fundamental a la hora de
formar cineastas o profesionales del audiovisual, es el rigor: rigor en
los contenidos, en la metodología, en la teoría, en la práctica, en la
filosofía, en la exigencia, en la entrega, en el compromiso, en la
dedicación, en todos los elementos integrantes del proceso formativo:
estudiantes, docentes, contenidos, planes de estudio, facilidades de
estudio, etc. Como sector cinematográfico y audiovisual, podemos y
queremos sugerir, colaborar, aportar a la estructuración de contenidos y
metodologías que integrar en las mallas curriculares según los
diferentes niveles de educación de que se trate. Sin embargo, el
problema medular no está en qué sector –estado o soc. civil– asume la
responsabilidad de la formación audiovisual o en qué contenidos incluye.
El verdadero problema está en la dimensión presente y futura del
mercado de la producción audiovisual nacional, la oferta y demanda de
empleos que ofrece. ¿Formaremos contingentes de Directores, Guionistas,
Fotógrafos, Productores, etc. para que anden deambulando cesantes por
las calles? Igualmente podemos crear escuelas de astronautas. Pero
¿cuántos de nuestros astronautas o cineastas egresados podrán ejercer su
profesión? ¿Cuál será el impacto social y económico, de desarrollo
humano de la inversión que el estado realice en este tipo de formación?
NM: En la misma ley 1302, se establece como
responsabilidad del Conacine la creación de una escuela de cine para la
profesionalización. Muchos de nosotros entramos a estudiar comunicación,
como una opción, yo soy uno de ellos. Hasta ahora, que se han abierto
muchas escuelas de cine, el concepto de escuela de cine está un poco
lejano. Se ha trabajado bajo este concepto a institutos e instituciones
privadas que con ciertas limitaciones desarrollan una propuesta. Pero en
sentido estricto, estamos alejados de tener escuelas de cine de manera
formal. Y hay que dar ese salto. Escuelas de artes audiovisuales hay,
pero escuela cinematográfica no, y eso es un desafío. La propuesta va en
ese sentido: hay que reordenar el ámbito, ir en proporción a la
capacidad que tenemos de producir, y sobre todo calificar a los
profesionales que tenemos para darles mejor rango en lo nacional como en
lo internacional. Necesitamos tener técnicos que tengan la capacidad de
enfrentar grandes producciones y co-producciones. Y es importante que
el dinero de estas co-producciones se quede en Bolivia.
MCM: ¿Cómo se plantea en su propuesta la participación del
Estado en relación a la preservación del patrimonio fílmico, labor que
está en manos de la Cinemateca Boliviana en la actualidad?
GA: Desde 1991, por la ley 1302, el Estado encomendó
a la Cinemateca Boliviana la función de preservación del patrimonio
fílmico boliviano, función que ésta venía cumpliendo por iniciativa de
la sociedad civil desde su creación en 1976. Hasta la fecha cumple leal y
eficientemente tal función, aunque el Estado nunca ha destinado ninguna
partida presupuestaria para financiar dicha conservación. Actualmente
la Cinemateca ha comenzado una nueva etapa respaldada por una dirección
ejecutiva innovadora, eficiente y decidida, donde la optimización de
recursos, espacios y personal, el establecimiento de alianzas
estratégicas en muchos niveles y ámbitos, y la gestión de proyectos está
aportando a su estabilidad y solvencia.
Sin embargo y a pesar de que la Cinemateca no lo necesita realmente,
consideramos que por responsabilidad, el Estado igualmente debe asumir
el financiamiento, no de los gastos de funcionamiento de la Cinemateca,
sino cubrir los costos que implica la conservación del patrimonio
fílmico boliviano encomendado a la Cinemateca, función y costos que la
Cinemateca ha venido asumiendo durante todos estos años. Así podrá el
estado integrar el Directorio de la Cinemateca por derecho propio.
También consideramos necesario revitalizar el Directorio y en el Concejo
de Fideicomisarios, para lo cual proponemos incluir a nuevos sectores
representantes de instituciones públicas y privadas que contribuyen a su
sostenibilidad, así como a las personas e instituciones culturales que
la representan y contribuyeron a su creación y desarrollo.
Otra misión que queremos asuma la Cinemateca en nuestra propuesta,
es la puesta en valor del archivo fílmico, que significa además de
catalogarlo, archivarlo y conservarlo, poner dicho catálogo a
disposición del público a través de la web, para estudios,
investigaciones y consultas. Al hablar de la Cinemateca Boliviana,
institución tan querida por la gente y orgullo no sólo de la ciudadanía
paceña, sino de todo el país, admirada por visitantes extranjeros, y
construida por todos nosotros, ladrillo a ladrillo, gestión a gestión,
consideramos la pertinencia de apoyarla y fortalecerla ya que hasta la
fecha ha cumplido a cabalidad y muy eficientemente su función de archivo
y repositorio de la memoria fílmica nacional, además de las funciones
colaterales que desarrolla como la creación y formación de públicos, la
difusión del cine nacional y extranjero en todo el país a través de
programas como la Cinemateca Rural, por citar un ejemplo. La Cinemateca
Boliviana es una marca registrada con enorme prestigio nacional e
internacional, ganado en casi 36 años de existencia y trabajo eficiente
en bien de la sociedad.
NM: La Cinemateca no puede morir. La propuesta de
ley apunta a cambiar el escenario: debe devolverse al Estado la
responsabilidad de una institución que desde lo privado ha tenido
muchísimas dificultades para sobrevivir. No porque lo hayan hecho mal:
yo reconozco el gran trabajo que ha hecho Pedro Susz en levantar la
Cinemateca Boliviana. Sin embargo, en las nuevas condiciones, cambian
todas las situaciones. Ha habido un desencanto a partir de la manera en
la que se ha llevado adelante la Cinemateca los últimos años. Porque la
función que le otorga la 1302 a la Cinemateca es la de la preservación
del patrimonio fílmico. Y es difícil cumplir esta tarea cuando estás
preocupado por pagar los salarios de los trabajadores…esas no son
condiciones ideales.
Han reducido la actividad de Cinemateca Boliviana para dar cabida a
la posibilidad de introducir públicos que les solventen sus necesidades
esenciales. Entonces, se cambió la función. No podemos ser tan
exquisitos de sólo permitir en la Cinemateca Boliviana la exhibición de
cine boliviano en 35 mm. o el mejor cine boliviano. La lógica de una
Cinemateca es recuperar todo lo que se produzca y difundir todo. ¿Cuál
es la queja que tiene la gente? La Cinemateca de ahora ha perdido al
público que asistía asiduamente a la Cinemateca de la calle Pichincha.
Ahora son otro tipo de públicos, eventuales. Ha cambiado su norte y eso
ha hecho que la gente empiece a no apoyar a la Cinemateca. La propuesta
es que el Estado maneje algo que le corresponde manejar.
MCM: ¿Qué implica (ventajas y desventajas) la elaboración de
una ley dialogada, es decir, con participación activa de los sectores
involucrados y presentación de varias propuestas?
GA: Quiero hacer una acotación importante. Las
Jornadas sobre la Ley del Cine convocadas por el CONACINE no han
movilizado a la gente del rubro ni conseguido la participación esperada,
debido a la desconfianza de buena parte de los sectores interesados,
cineastas y videastas de todo el país, que han decidido no participar en
las jornadas para no avalar un proyecto, el de Demetrio Nina, en el que
no han participado ni han sido tomados en cuenta. Nosotros consideramos
importante participar decididamente, justamente para evitar que se
imponga una propuesta que no tiene sentido y mucho menos consenso. Esta
Ley la debemos construir entre todos los directos involucrados, de la
manera más democrática y participativa posible. Si atendemos a la CPE
que señala que Bolivia es un estado democrático (Artículo 1), que la
soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce en forma directa y
delegada (Art. 7), que existen formas de ejercer la democracia (Art.
11), que los bolivianos y bolivianas tenemos derecho a la formación,
ejercicio y control del poder político (Art. 26), que tenemos el deber
de conocer, cumplir y hacer cumplir la CPE (Art. 108), por mencionar
sólo algunos contenidos fundamentales de nuestra Constitución,
entendemos que la mejor forma, la constitucional, la ética y
políticamente correcta de construir las leyes, es a través de la
participación ciudadana democrática, plural, activa, informada,
suficiente y oportuna. Una ley que regirá nuestros destinos por los años
venideros, será mejor, más eficiente y democrática si la elaboramos
entre todos quienes la necesitamos para desarrollar nuestro rubro, entre
quienes conocemos los elementos que deben constituirla, los procesos y
áreas que involucra, los problemas y desafíos que enfrentamos, los
objetivos que buscamos, los horizontes que nos proponemos.
La única desventaja de una construcción democrática, participativa,
plural y consensuada de la ley del cine, es que tomará tiempo. Pero no
dejaremos que la urgencia desplace a lo importante. Y lo importante –sin
limitarnos por cuánto tiempo tome- es lograr un cuerpo legal moderno,
con proyección en el futuro, y sobre todo eficiente. La alternativa, es
crear a la rápida y entre cuatro paredes un monstruito que desde el
presente nos devore el futuro.
NM: Es un desafío para el Estado tener que
establecer una ley en base a criterios diferentes. Hay que ser
concientes de que la ley que se va a trabajar en este proceso debe tener
fundamentos que le permitan ser aplicada, que tenga coherencia con
leyes de otros países de la región, que no esté desfasada. Esta
propuesta viene de una mirada alrededor. Hay que ver las limitaciones
que tiene el Estado: no podemos hacer un pliego de peticiones al Estado
que no va a poder cumplir.
He presentado este texto en borrador a diferentes personas, que
considero que tienen un criterio para aportar, y cada una de estas
personas ha dado opiniones distintas. Pero se debe llegar a un punto
mínimo de equilibrio. Sabemos que hay intereses en juego y una ley, en
cualquier contexto, sabemos que va a favor de alguien y en desmedro de
otro. El tema no es conformar a todos. El tema es impulsar a la
cinematografía, posibilitar que se produzca más cine boliviano de
calidad, que se establezcan todos los escenarios de distribución de
manera accesible para los productores nacionales. Estamos en total
asimetría con el cine del resto del mundo.
