Desde hace varios años, la reforma a la ley de cine vigente en Bolivia ha significado una necesidad, una demanda constante y un imperativo para la articulación del fomento a la producción audiovisual en el país. Las propuestas de reforma y anteproyectos de una nueva ley han derivado en una discusión en el sector audiovisual que, en la actualidad, participa en la formulación de la nueva ley de cine. El año pasado, a través de una convocatoria pública, el Consejo Nacional del Cine Bolivia (Conacine) seleccionó al comunicador social y realizador audiovisual Nelson Martínez para la realización de una evaluación de la ley de cine vigente y la formulación de un anteproyecto de ley. Éste ha sido presentado y socializado a través de diversas actividades, generando la articulación de nuevas propuestas de anteproyecto de ley. Una de estas contrapropuestas se construye a partir de los aportes y demandas de la Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE), Sindicato de Trabajadores del Cine (SITRACINE), Cámara de Empresarios Cinematográficos, Fundación Cinemateca Boliviana y Asociación de Trabajadores de la Imagen de Bolivia (ATIB).
Las propuestas se han discutido en mesas de diálogo organizadas en La Paz y Santa Cruz las últimas semanas. Con la intención de conocer los puntos fundamentales de las dos contrapropuestas de anteproyecto de ley, Cinemas Cine conversó con Nelson Martínez –responsable de la propuesta de anteproyecto articulada desde el Conacine– y Gioconda Aguilar –responsable de la propuesta de las asociaciones de cine mencionadas, anteproyecto que surge en respuesta al planteado por el Conacine.
Mary Carmen Molina (MCM) ¿En qué contexto se promulga la Ley 1302 en 1991 y cómo describe el contexto en que se promulgaría la nueva ley de cine?
Gioconda Aguilar (GA): La Ley 1302 surge de la necesidad y exigencia de los propios cineastas, con su decidida participación, que bajo el lema de “LEY DEL CINE YA!!” logran que se promulgue en 1991, en un contexto político económico neo liberal, que considera todo, incluida la cultura y el cine, como mercancías sujetas a las leyes del mercado.
La necesidad y exigencia de reforma a la ley 1302 o de creación de una nueva ley del cine también surge de los cineastas y sectores audiovisuales hace casi 10 años, desarrollando estudios, investigaciones, y elaborando diversas propuestas. Sin embargo ahora, en el marco del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, paradójicamente es el propio director del Conacine, Demetrio Nina, quien en sólo un par de meses improvisa una propuesta particular, que contradice de plano los postulados de la CPE, que no tiene concordancia con las leyes vigentes. Es una propuesta reguladora, controladora, limitadora, coercitiva y sancionadora que no cumple ni por asomo los objetivos buscados de “promover, fomentar, desarrollar, impulsar y proteger la actividad cinematográfica y audiovisual boliviana” Sin embargo, el Conacine está empeñado en imponerla, rechazando y desconociendo el trabajo participativo y plural que hemos estado y seguimos desarrollando en el sector. Es un contrasentido.
Nelson Martínez (NM): La ley de cine del 91 es el fruto de un proceso largo de gestación que de alguna manera tiene su epicentro en la Cinemateca Boliviana, donde se organiza el grupo de cineastas de ese tiempo. Fue una movilización, con mucho carisma, que logra ser acogida por la ciudadanía. Esta ley buscaba recuperar el escenario de lo cinematográfico para un cine propio. La frase que sintetizaba a esta movilización era “tener un cine propio, una imagen propia”. Son varios años que se busca la ley del cine, y no fue fácil elaborar la propuesta de ley para su debate en el Congreso Nacional. Ésta no era una ley del cine cualquiera: no se trataba solamente de ordenar en el ámbito legislativo qué debía ser la actividad cinematográfica. Tenía un fin concreto: impulsar la cinematografía boliviana y para ello el Estado debía otorgar un millón de bolivianos. Crea un Fondo de Fomento, una institución, que es el Consejo Nacional de Cine, con una particularidad –que es una victoria del movimiento de cineastas: que sea una institución donde participe la sociedad civil y el Estado, con el objeto de marcar una línea de gestión pública con participación de la sociedad civil.
Ahora, en qué contexto se da esta nueva propuesta de ley de cine. Éste también viene siendo un proceso largo. Se empieza a pensar en reformar la ley 1302 el año 2004, en el periodo en el que Patricia Flores estaba como directora del Conacine. Este nuevo proceso en el que estoy involucrado desde septiembre de 2011 surge cuando se empieza a debatir, a través de un grupo en Facebook, sobre el nuevo director del Conacine y lo que debería hacer esta institución. En este escenario de socialización donde participan alrededor de 500 cineastas, se ha ido construyendo un texto, respecto a qué espera el sector del Conacine y el Estado.
MCM: El corazón de la ley de cine vigente es el Fondo de Fomento. ¿Cómo su propuesta enfrenta este punto de la ley y cómo se pretende rearticular este Fomento?
GA: Mediante la implementación de un verdadero fomento a la cadena productiva cinematográfica (desarrollo, producción, post producción, distribución, exhibición, conservación y formación de públicos). Esto, entendiendo “fomento” como el apoyo efectivo a nivel institucional, financiero y técnico que el Estado brinda a la cadena cinematográfica, mediante fondos concursables de inversión no retornable; incentivos a la taquilla, a los premios y distinciones internacionales obtenidos; mediante préstamos sin intereses; un cuerpo de leyes que favorezca las co-producciones, la circulación de bienes y servicios culturales, la distribución, comercialización y difusión de cine nacional en el mundo; proyectos concursables de rescate, preservación y restauración de patrimonio fílmico; mediante incentivos a la instalación de infraestructura técnica y de salas de exhibición en lugares donde no existen actualmente. Mediante incentivos fiscales a las personas y empresas que contribuyan al financiamiento de proyectos de la cadena cinematográfica. También a través de Leyes de excepción en Aduanas y en Impuestos Nacionales.
NM: El Fondo de Fomento no se ha perdido, sino que ha cambiado de forma. De ser dinero tangible ha pasado a ser dinero por cobrar. Según la visión de muchas personas del sector con quienes se ha debatido en diferentes reuniones alrededor de esta propuesta de ley, este Fondo de Fomento debe recuperarse: es un dinero que no puede perderse, y la legislación del Estado, a través de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, establece claramente que las deudas con el Estado no prescriben. Por ello, es un deber moral de las personas que se prestaron dinero del Estado para hacer cine, recuperar el capital entregado. No es solamente un error de quiénes realizaron las obras. Tiene que ver con un mercado, con un Estado. Con todo el proceso de cambio que se vive en el país, se hace necesario pensar que la actividad cinematográfica debe ser fuertemente respaldada por el Estado. Esa es la esencia de la propuesta. El Estado se ha desentendido de muchos aspectos en el ámbito cinematográfico, y por ello ahora debe tener un protagonismo, en la perspectiva de ser el soporte económico para impulsar la cinematografía boliviana. Pero con otras características, ya no prestar con intereses porque eso ha sido un suicidio para el cine boliviano.
GA: Hasta ahora el Conacine ha sido una entidad que debido a su débil e insuficiente institucionalidad, no ha cumplido las funciones encomendadas por la ley, de apoyar, fomentar, desarrollar la actividad cinematográfica y audiovisual nacional, limitándose a fungir como una especie de gendarme del sector, encargado de cobrar tasas y aplicar sanciones. Durante su existencia, esta institución sólo ha aportado a la inserción de Bolivia en la Plataforma de Co Producción Iberoamericana del Programa Ibermedia. Unico logro, única gestión exitosa. Pero para el cineasta, el videasta, el artista audiovisual en sí, poco o ningún apoyo real ha representado o representa.
Creemos que se puede y debe fortalecer al Conacine mediante la labor de su Directorio asumida de forma institucionalizada, sistemática y comprometida con el sector y con el propósito y objetivo principal de la ley, que es el fomento, fortalecimiento y desarrollo del cine y audiovisual bolivianos. En este esquema, el Secretario Ejecutivo desempeñará una función administrativa de implementación, aplicación y ejecución de las líneas de acción diseñadas por el Directorio, en concordancia con sus respectivas facultades y atribuciones. Planteamos que el Directorio se institucionalice siendo integrado por Representantes calificados y competentes respecto al cine y al audiovisual, que sean designados institucionalmente para el efecto y pagados para cumplir su función, asumiendo las responsabilidades y co responsabilidades administrativas que les correspondan frente al Estado, en el ejercicio de esas funciones.
NM: A pesar de la historia de subidas y bajadas, creo que debemos seguir apostando por la coalición entre sociedad civil y Estado en que se sustenta el Conacine. Nos permite dar equilibrio, y eso se refleja en la propuesta de consolidar el Consejo Plurinacional de Cine y Artes Audiovisuales. Sin embargo, están surgiendo nuevas alternativas. La reunión que se tuvo el 14 de abril en la Cinemateca Boliviana abrió puertas, y eso significa que en ningún momento esta propuesta se está imponiendo. Estamos en un proceso de crear una ley dialogada. Faltaban en esta reunión los grandes cineastas, pero estaban nuevos realizadores.
MCM: ¿Cuáles son los puntos más importantes de su propuesta en el tema de distribución y exhibición?
GA: La inclusión explícita de la protección y defensa de los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual para que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que reproduzca, comercialice, distribuya y/o exhiba en territorio boliviano, todo film o material audiovisual en cualquier soporte y formato, respete la Ley de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, y todas las disposiciones o normativas vigentes. De igual manera, para que toda reproducción cinematográfica o audiovisual total o parcial de cualquier obra, sea ésta texto, fotografía, música o material audiovisual, que no cuente con los respectivos derechos, ni cite a los autores de manera pública adecuada, sea considerada plagio, y sujeta a las sanciones establecidas por ley.
NM: Hay que entender dos ámbitos. Por una parte, el cine internacional, el cine norteamericano, que es uno de los elementos de la industria que se ha fortalecido en nuestro país; además, se ha abierto otro flanco, el del cine independiente, que en este proceso de descolonización es muy importante. Y por otra parte, el cine nacional. La propuesta plantea que al poner fuerza en cada uno de los eslabones del proceso de producción, la distribución y exhibición deben ser enclaves fundamentales. Se debe trabajar estos aspectos con la Cinemateca Boliviana –en nuestra propuesta, la Cineteca–, se debe trabajar la comercialización, debe crearse una Comisión Fílmica como política de Estado, que nos permita acceder a recursos de cinematografía que venga a filmarse en territorio boliviano. Se planteó también la creación de una productora en la que se puedan finalizar las obras: en Bolivia no se puede terminar una obra cinematográfica, por no contar con la tecnología. Y esto es una inversión fuerte, que no va a venir del sector privado, sino que tiene que ser una inversión del Estado. Lo mismo el hecho de la promoción de cine boliviano en el exterior: debe ser el Estado el que nos ayude a promocionar, a través de las embajadas, a través de una entidad que se haga cargo y que sea subvencionada por el Estado.
MCM: En el ámbito de la formación, ¿cuál es su propuesta?
GA: Es un tema muy delicado. En nuestra propuesta de ley consideramos que la formación debe estar necesariamente bajo el alero de la Ley de Educación Elizardo Pérez-Avelino Siñani y del Ministerio de Educación, encargado de su regulación, seguimiento y certificación. Un elemento que consideramos fundamental a la hora de formar cineastas o profesionales del audiovisual, es el rigor: rigor en los contenidos, en la metodología, en la teoría, en la práctica, en la filosofía, en la exigencia, en la entrega, en el compromiso, en la dedicación, en todos los elementos integrantes del proceso formativo: estudiantes, docentes, contenidos, planes de estudio, facilidades de estudio, etc. Como sector cinematográfico y audiovisual, podemos y queremos sugerir, colaborar, aportar a la estructuración de contenidos y metodologías que integrar en las mallas curriculares según los diferentes niveles de educación de que se trate. Sin embargo, el problema medular no está en qué sector –estado o soc. civil– asume la responsabilidad de la formación audiovisual o en qué contenidos incluye. El verdadero problema está en la dimensión presente y futura del mercado de la producción audiovisual nacional, la oferta y demanda de empleos que ofrece. ¿Formaremos contingentes de Directores, Guionistas, Fotógrafos, Productores, etc. para que anden deambulando cesantes por las calles? Igualmente podemos crear escuelas de astronautas. Pero ¿cuántos de nuestros astronautas o cineastas egresados podrán ejercer su profesión? ¿Cuál será el impacto social y económico, de desarrollo humano de la inversión que el estado realice en este tipo de formación?
NM: En la misma ley 1302, se establece como responsabilidad del Conacine la creación de una escuela de cine para la profesionalización. Muchos de nosotros entramos a estudiar comunicación, como una opción, yo soy uno de ellos. Hasta ahora, que se han abierto muchas escuelas de cine, el concepto de escuela de cine está un poco lejano. Se ha trabajado bajo este concepto a institutos e instituciones privadas que con ciertas limitaciones desarrollan una propuesta. Pero en sentido estricto, estamos alejados de tener escuelas de cine de manera formal. Y hay que dar ese salto. Escuelas de artes audiovisuales hay, pero escuela cinematográfica no, y eso es un desafío. La propuesta va en ese sentido: hay que reordenar el ámbito, ir en proporción a la capacidad que tenemos de producir, y sobre todo calificar a los profesionales que tenemos para darles mejor rango en lo nacional como en lo internacional. Necesitamos tener técnicos que tengan la capacidad de enfrentar grandes producciones y co-producciones. Y es importante que el dinero de estas co-producciones se quede en Bolivia.
GA: Desde 1991, por la ley 1302, el Estado encomendó a la Cinemateca Boliviana la función de preservación del patrimonio fílmico boliviano, función que ésta venía cumpliendo por iniciativa de la sociedad civil desde su creación en 1976. Hasta la fecha cumple leal y eficientemente tal función, aunque el Estado nunca ha destinado ninguna partida presupuestaria para financiar dicha conservación. Actualmente la Cinemateca ha comenzado una nueva etapa respaldada por una dirección ejecutiva innovadora, eficiente y decidida, donde la optimización de recursos, espacios y personal, el establecimiento de alianzas estratégicas en muchos niveles y ámbitos, y la gestión de proyectos está aportando a su estabilidad y solvencia.
Sin embargo y a pesar de que la Cinemateca no lo necesita realmente, consideramos que por responsabilidad, el Estado igualmente debe asumir el financiamiento, no de los gastos de funcionamiento de la Cinemateca, sino cubrir los costos que implica la conservación del patrimonio fílmico boliviano encomendado a la Cinemateca, función y costos que la Cinemateca ha venido asumiendo durante todos estos años. Así podrá el estado integrar el Directorio de la Cinemateca por derecho propio. También consideramos necesario revitalizar el Directorio y en el Concejo de Fideicomisarios, para lo cual proponemos incluir a nuevos sectores representantes de instituciones públicas y privadas que contribuyen a su sostenibilidad, así como a las personas e instituciones culturales que la representan y contribuyeron a su creación y desarrollo.
Otra misión que queremos asuma la Cinemateca en nuestra propuesta, es la puesta en valor del archivo fílmico, que significa además de catalogarlo, archivarlo y conservarlo, poner dicho catálogo a disposición del público a través de la web, para estudios, investigaciones y consultas. Al hablar de la Cinemateca Boliviana, institución tan querida por la gente y orgullo no sólo de la ciudadanía paceña, sino de todo el país, admirada por visitantes extranjeros, y construida por todos nosotros, ladrillo a ladrillo, gestión a gestión, consideramos la pertinencia de apoyarla y fortalecerla ya que hasta la fecha ha cumplido a cabalidad y muy eficientemente su función de archivo y repositorio de la memoria fílmica nacional, además de las funciones colaterales que desarrolla como la creación y formación de públicos, la difusión del cine nacional y extranjero en todo el país a través de programas como la Cinemateca Rural, por citar un ejemplo. La Cinemateca Boliviana es una marca registrada con enorme prestigio nacional e internacional, ganado en casi 36 años de existencia y trabajo eficiente en bien de la sociedad.
NM: La Cinemateca no puede morir. La propuesta de ley apunta a cambiar el escenario: debe devolverse al Estado la responsabilidad de una institución que desde lo privado ha tenido muchísimas dificultades para sobrevivir. No porque lo hayan hecho mal: yo reconozco el gran trabajo que ha hecho Pedro Susz en levantar la Cinemateca Boliviana. Sin embargo, en las nuevas condiciones, cambian todas las situaciones. Ha habido un desencanto a partir de la manera en la que se ha llevado adelante la Cinemateca los últimos años. Porque la función que le otorga la 1302 a la Cinemateca es la de la preservación del patrimonio fílmico. Y es difícil cumplir esta tarea cuando estás preocupado por pagar los salarios de los trabajadores…esas no son condiciones ideales.
Han reducido la actividad de Cinemateca Boliviana para dar cabida a la posibilidad de introducir públicos que les solventen sus necesidades esenciales. Entonces, se cambió la función. No podemos ser tan exquisitos de sólo permitir en la Cinemateca Boliviana la exhibición de cine boliviano en 35 mm. o el mejor cine boliviano. La lógica de una Cinemateca es recuperar todo lo que se produzca y difundir todo. ¿Cuál es la queja que tiene la gente? La Cinemateca de ahora ha perdido al público que asistía asiduamente a la Cinemateca de la calle Pichincha. Ahora son otro tipo de públicos, eventuales. Ha cambiado su norte y eso ha hecho que la gente empiece a no apoyar a la Cinemateca. La propuesta es que el Estado maneje algo que le corresponde manejar.
MCM: ¿Qué implica (ventajas y desventajas) la elaboración de una ley dialogada, es decir, con participación activa de los sectores involucrados y presentación de varias propuestas?
GA: Quiero hacer una acotación importante. Las Jornadas sobre la Ley del Cine convocadas por el CONACINE no han movilizado a la gente del rubro ni conseguido la participación esperada, debido a la desconfianza de buena parte de los sectores interesados, cineastas y videastas de todo el país, que han decidido no participar en las jornadas para no avalar un proyecto, el de Demetrio Nina, en el que no han participado ni han sido tomados en cuenta. Nosotros consideramos importante participar decididamente, justamente para evitar que se imponga una propuesta que no tiene sentido y mucho menos consenso. Esta Ley la debemos construir entre todos los directos involucrados, de la manera más democrática y participativa posible. Si atendemos a la CPE que señala que Bolivia es un estado democrático (Artículo 1), que la soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce en forma directa y delegada (Art. 7), que existen formas de ejercer la democracia (Art. 11), que los bolivianos y bolivianas tenemos derecho a la formación, ejercicio y control del poder político (Art. 26), que tenemos el deber de conocer, cumplir y hacer cumplir la CPE (Art. 108), por mencionar sólo algunos contenidos fundamentales de nuestra Constitución, entendemos que la mejor forma, la constitucional, la ética y políticamente correcta de construir las leyes, es a través de la participación ciudadana democrática, plural, activa, informada, suficiente y oportuna. Una ley que regirá nuestros destinos por los años venideros, será mejor, más eficiente y democrática si la elaboramos entre todos quienes la necesitamos para desarrollar nuestro rubro, entre quienes conocemos los elementos que deben constituirla, los procesos y áreas que involucra, los problemas y desafíos que enfrentamos, los objetivos que buscamos, los horizontes que nos proponemos.
La única desventaja de una construcción democrática, participativa, plural y consensuada de la ley del cine, es que tomará tiempo. Pero no dejaremos que la urgencia desplace a lo importante. Y lo importante –sin limitarnos por cuánto tiempo tome- es lograr un cuerpo legal moderno, con proyección en el futuro, y sobre todo eficiente. La alternativa, es crear a la rápida y entre cuatro paredes un monstruito que desde el presente nos devore el futuro.
NM: Es un desafío para el Estado tener que establecer una ley en base a criterios diferentes. Hay que ser concientes de que la ley que se va a trabajar en este proceso debe tener fundamentos que le permitan ser aplicada, que tenga coherencia con leyes de otros países de la región, que no esté desfasada. Esta propuesta viene de una mirada alrededor. Hay que ver las limitaciones que tiene el Estado: no podemos hacer un pliego de peticiones al Estado que no va a poder cumplir.
He presentado este texto en borrador a diferentes personas, que considero que tienen un criterio para aportar, y cada una de estas personas ha dado opiniones distintas. Pero se debe llegar a un punto mínimo de equilibrio. Sabemos que hay intereses en juego y una ley, en cualquier contexto, sabemos que va a favor de alguien y en desmedro de otro. El tema no es conformar a todos. El tema es impulsar a la cinematografía, posibilitar que se produzca más cine boliviano de calidad, que se establezcan todos los escenarios de distribución de manera accesible para los productores nacionales. Estamos en total asimetría con el cine del resto del mundo.
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